Desmesurada complacencia
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La sociedad se enfada a menudo con la política. La corrupción crónica, la impericia serial, las permanentes contradicciones discursivas, la ausencia de ideas para gobernar, las internas despiadadas, los reiterados exabruptos, la abundancia de privilegios y el despilfarro de los dineros públicos, son solo parte de una larga nómina de detestables cualidades que molestan, con sobrados méritos, a buena parte de la ciudadanía.

Eso no podría darse sin la complicidad de una comunidad que se enoja, pero no lo suficiente, que se incomoda pero no reacciona jamás. La bronca dura poco, para luego naturalizar lo inadmisible y aceptarlo todo como parte de una realidad que duele pero se soporta.

En algunas democracias más maduras, simples actitudes individuales incorrectas de los líderes políticos o meras declaraciones inapropiadas, dejan fuera de la carrera política a cualquiera que pretenda postularse a un cargo. En esas sociedades los niveles de exigencia son muy elevados.

Hay que hacerse cargo de que no todo lo que acontece es exclusiva responsabilidad de la política. Si la sociedad tolera la corrupción, con liviandad, no puede esperar que esta se extinga por arte de magia. Cuando los mecanismos más básicos no funcionan mínimamente, no es razonable creer que algo cambiará. Eso ya no es culpa de la política, sino de la patética conducta cívica de absoluta pasividad frente a cada despropósito.

Es importante asumir el presente, no solo para recriminarse la acción u omisión, sino para intentar modificar el futuro actuando en consecuencia. Una sociedad que no despierta, que prefiere la apatía, que se queja sin eficacia y no utiliza las herramientas que tiene a mano, es cómplice y no un mero observador externo.

Los ciudadanos son participes necesarios de mucho de lo que acaece. Los políticos de hoy no identifican estímulos suficientes para obrar correctamente. Cuando desvían fondos del Estado para hacer proselitismo o para su propio patrimonio personal, lo hacen no solo por su inmoralidad manifiesta, sino también porque no existe sanción efectiva por cometer esos delitos. No solo no responden ante la justicia por sus faltas, sino que tampoco pagan costos electorales, ya que muchos de ellos permanecen en el centro de la escena por décadas siendo nuevamente apoyados por ciudadanos que conociendo sus atributos e historias, los vuelven a votar.

Es posible que esta realidad tenga que ver con la carencia de opciones. La ciudadanía cree que todos son iguales y se siente empujada a elegir entre dirigentes corruptos e ineptos. Todos los sistemas que restringen la competencia promueven esta escasez de alternativas y eso impacta sobre la cantidad y calidad de la oferta política, debilitando el porvenir.

Para disponer de mayores alternativas resulta imprescindible que las barreras de acceso sean las mínimas. Sin embargo, la legislación vigente consagra con categórica convicción el monopolio de los partidos políticos.

Esto no es casual. La corporación política ha cerrado las puertas de modo intencional. No quieren contendientes en su camino. Desean forzar a los ciudadanos a seleccionar entre los que ya están en el juego, a los que diseñaron estas reglas a su medida, justamente para que el estándar de exigencia sea diminuto y puedan alcanzar sus propios objetivos personales.

Las leyes imperantes establecen múltiples restricciones para crear un nuevo partido político, bajo la perversa visión de que es mejor para la democracia tener pocos y fuertes, que muchos y débiles. Las normas complican además la chance de mantener activo un partido, dejándolos al borde de la precariedad formal, con la indisimulable intención de eliminar alternativas viables para los votantes.

El financiamiento de la política es un capítulo que se agrega, ya que más allá de lo que dice la legislación, a la hora del ejercicio cotidiano, la evidencia demuestra que, el que controla la “caja” estatal, la usará sin disimulo, para hacer política con absoluto descaro e impunidad y sin rendir cuentas.

La inexistente transparencia en el funcionamiento del sistema, favorece a los más inescrupulosos e invita insolentemente a ser parte de la cofradía para así acceder a los espacios de poder. Un ciudadano cualquiera, por capaz, honesto, e inteligente que sea, no puede postularse como candidato a un puesto público si no pertenece a un partido político o, al menos obtiene previamente una convocatoria y aval de una agrupación para hacerlo.

Es paradójico que estas formalidades se cumplan con tanta rigurosidad, mientras no funciona del mismo modo cuando un funcionario se apropia del dinero de los contribuyentes apelando a indisimulables prácticas.

Lo que sucede en el presente tiene muchas explicaciones. Pero también queda claro que, gran parte de lo que ocurre se produce porque una ciudadanía bastante hipócrita lo respalda con una desmesurada complacencia.

Alberto Medina Méndez
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