El piquete de los jueces
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La división de los poderes es una de las bases del sistema al que aspiramos. En cuanto discurso escuchamos, aparece la tan trillada independencia de los jueces.

Todos pretendemos que esta consigna republicana se convierta en una realidad. La historia Argentina no nos tiene, lamentablemente, demasiado acostumbrados.

Sin embargo nuestra marcada formación mesiánica que delega el 100 % de las responsabilidades en presidentes, gobernadores e intendentes, nos nubla la vista muchas veces y deforma nuestra ya escasa vocación ciudadana.

Es cierto que los argentinos no creemos en la independencia de la justicia, si bien nos consta, existen funcionarios y jueces que están a la altura de las circunstancias, aunque no tengamos la sensación de que sean ellos la mayoría.

Lo concreto es que muchas decisiones que cuestionamos al poder político provienen de acciones u omisiones de la justicia como institución.

Es la justicia la que debe ocuparse de garantizar el pleno ejercicio de los derechos administrando el cumplimiento de las leyes.

Cuando los derechos constitucionales mas elementales se ven amenazados, es el turno de los jueces competentes. Son ellos y el peso específico del poder judicial el que debe asegurar a los ciudadanos que sus derechos no serán vulnerados y que alguien levantara la voz para protegernos de las violaciones mas burdas.

Muchas modalidades de reclamos en nuestro país se han ido desarrollando en base a atacar derechos tales como el de circulación. Así las cosas, cualquier movimiento que intenta reivindicar una idea o consigna, utiliza la fuerza física coartando el derecho de otros.

La supuesta legitimidad de los reclamos les brinda cierta impunidad a estos ciudadanos que desconocen el concepto de tolerancia cívica y del respeto por el pensamiento diferente.

Pero esta forma de manifestarse no es exclusiva de estas sociedades. De hecho esta idea acerca de cómo expresarse públicamente no es tan infrecuente en otros países. La diferencia radica si, en la forma en la que se protege en esas otras sociedades, los derechos de los ciudadanos que no comulgan explícitamente con las formas y que pretenden, mucho mas legítimamente, se les garantice el derecho a circular, trabajar, pensar diferente y no ser afectados por quienes se arrogan el monopolio de la verdad.

Cuando aparece la ingenua pregunta acerca de porque se permiten esos cortes, tantas veces incluso preanunciados públicamente por los medios de comunicación, surge ese patético discurso que prioriza evitar la represión, como si ese fuera el único camino y como si el uso de la fuerza debiera ser respetada exclusivamente a los manifestantes que vulneran derechos en forma inconsulta a sus conciudadanos, pero no a quienes deben garantizar el pleno ejercicio de las libertades individuales.

También aparecen entre las afirmaciones populares que los jueces no se animan a disponer el uso de la fuerza publica, ni en forma preventiva, para evitar que estos hechos sucedan, ni mucho menos cuando ya están instalados los intolerantes de siempre.

Suele decir el ciudadano medio que los jueces no se atreven a confrontar con la clase política que acepta mansamente que estos hechos ocurran, que los violentos impongan sus condiciones a los menos movilizados, a los que simplemente priorizan otros valores como el trabajo, el esfuerzo o simplemente la contemplación, aunque ello pueda ser opinable.

Es posible que esa afirmación tenga algún asidero y que ciertos jueces tácitamente no esten dispuestos a arriesgar sus espacios ganados o posibles futuros ascensos por confrontar con la partidocracia de la que muchas veces aparecen como rehenes.

También es probable que esos mismos jueces no deseen tomar el riesgo de poner en manos de las fuerzas de seguridad su decisión por temor a la historia de excesos que rodea a muchos hombres de la ley.

Los argumentos tienen sin duda alguna, cierta lógica y no se puede dejar de reparar en ello. Pero la patria, la sociedad, precisa cambios, saltos de calidad institucional que algunos jueces parecen no estar dispuestos a dar.

Cuando le pedimos a la clase política mas seriedad, estamos en el camino correcto, pero nuestros jueces no deben enterrar sus mas férreas convicciones por temores que no están en sintonía con sus creencias, por cuestiones que nos ponen demasiado cerca de aceptar la violación sistemática de derechos que no logramos hacer respetar.

No se puede seguir apelando a la sumisa actitud de un pueblo que tiene paciencia. No es correcto moralmente tomar decisiones especulando con ello, como no es sano esperar que esto nunca se modifique. Si ello sucede estaremos siendo el caldo de cultivo de un enfrentamiento social que no nos ayuda a construir una sociedad civilizada que se cimiente sobre la correcta definición de valores comunes, entre los cuales aparece como vital el respeto por las libertades individuales, por los derechos de los otros, esos que la Constitución Nacional tan correctamente los define y que algunos de nuestros jueces no parecen estar dispuestos a defender.

Muchas veces los ciudadanos tenemos la sensación de que algunos jueces han montado un gran piquete entre los derechos que nos asisten y nuestro acceso efectivo a ellos. Es cierto, la clase política esta devaluada, pero nos sigue faltando una justicia con coraje.

Alberto Medina Méndez
amedinamendez@gmail.com
03783-15602694
Corrientes – Corrientes – República Argentina

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