Coparticipación. Recuperar algo de dignidad
  Imprimir Artículo Imprimir Artículo   Comparte este artículo Comparte este artículo    Comente este artículo

La Constituyente provincial se ha convertido también en el escenario de un renovado debate sobre la coparticipación. Otra vez la cíclica discusión acerca de cómo repartir la torta estableciendo nuevos mecanismos e institutos formales que confirman su existencia, perfeccionándolo.

El sistema de coparticipación de impuestos es tal vez una de las razones profundas que explican la decadencia nacional. El mismo da por sentado el criterio de que un estamento del estado recauda y lo distribuye al resto. En nuestro país se ha universalizado lamentablemente esta visión desde hace muchas décadas. El espíritu de la Constitución de 1853 era claramente federal, ya no desde la frase hecha sino que pregonando su ejercicio con responsabilidad y coherencia. Para ello las provincias debían recaudar por si mismas para sostener su funcionamiento conservando así sus derechos e independencia de criterio.

Algunos intentos para modificar esta idea federal aparecieron poco antes, pero es recién en la pasada década del 30 cuando nace el sistema de coparticipación tal cual lo concebimos hoy. Aparece entonces esta bisagra en la historia argentina que, bajo la siempre funcional aparición de una crisis, paso a manos de la Nación la recaudación.

Eso fue el principio del fin para el federalismo argentino. Las provincias cedieron no solo sus derechos fiscales sino también, la herramienta más eficaz para proteger su autonomía. El resto es ya conocido. Una y otra vez en los años subsiguientes, la inmensa mayoría de legisladores nacionales de cada una de las provincias le dieron el visto bueno, dándole marco de legalidad, a esta nueva forma de esclavitud federal que perfeccionó nuestra timorata dirigencia.

Gobiernos democráticos y de los otros, han renovado permanentemente esta forma de humillar a las provincias, que por su parte, como corderos, han también avalado esta forma de renunciar a sus propios derechos.

Este perverso sistema es el que hace que los gobernadores de turno de cualquier provincia deban ser condescendientes con el Presidente para recibir los favores fiscales en el reparto. Si no lo hacen, corren el riesgo de no poder afrontar sus compromisos. Obviamente que el hacerlo, tiene su precio, el tácito apoyo al oficialismo.

La justificación que llevó a la implantación de este inmoral régimen de coparticipación es, cuando no, la “ilusión igualitaria”. La consigna fue “ una distribución igualitaria que beneficie a los distritos pobres con el excedente de las regiones con recursos fáciles y abundantes “.

El socialismo avanzó en esa construcción intelectual que bajo la demagógica idea de privilegiar la igualdad logró no solo profundizar esa brecha que pretendió minimizar, sino que además condenó a la más humillante forma de vincularse en la política contemporánea.

No toda la responsabilidad la ha tenido la dirigencia política de diferentes épocas. Subyace en la sociedad esa idea de que el más fuerte debe proveer recursos al más débil. Enmarcada en esa concepción ideológica se valida esta idea de que las provincias pobres deben ser mantenidas por las mas ricas, y para ello quien mejor que la paternal figura del Estado Nacional para velar por la supuesta equidad de ese reparto.

Parece simple. El Gobierno Nacional recauda y le asigna recursos a las provincias pobres para achicar la brecha que las separa de las mas ricas. Esto supone que el recaudador es equitativo cumpliendo esta premisa, confiscando recursos a los más ricos y repartiéndolo entre los más débiles.

Simpática, infantil e inmoral visión por cierto. Es paradójico que en tiempos de tanto cuestionamiento al capitalismo como sistema de ideas, los adalides de la redistribución, la economía planificada y el rol activo del Estado, promuevan mas los valores del “patrimonio económico” que los que tienen que ver con la dignidad en la forma de obtener lo propio.

Este mismo régimen se ha replicado en la relación provincias y municipios. Los intendentes se vinculan de igual modo con los gobernadores.

Los municipios y las provincias deben recuperar no solo su capacidad de recaudar y gestionar sus propios recursos. Es tiempo de recorrer caminos de razonabilidad y responsabilidad. Tal como lo hacemos en nuestras economías familiares, se trata de adecuar nuestros egresos a nuestros ingresos, sin perder la dignidad que nos aporta el trabajar para obtenerlo, sin regalos, sin pasar por la mendicidad, con la frente alta.

Es por ello que hoy, entristece el pobre debate local al que asistimos donde hemos canjeado autonomía municipal por el desfile mendicante de intendentes. Pasa en todos los ordenes. Los gobernadores viajan a la Capital Federal para ponerle precio a su sumisión. A cambio consiguen un respirador artificial que les da oxigeno por unos meses, plazo nunca superior al de la próxima contienda electoral.

No se trata de municipios pobres o ricos. La cuestión pasa por darle valor moral a lo construido, eso que pretendemos transmitir a nuestros hijos. El progreso que es sino una lucha moral donde cada uno construye su destino a partir de sus propias decisiones.

No se trata solo de acumular riqueza. Va un poco más allá de eso. Tiene que ver con la búsqueda de la felicidad y en esa lucha, la libertad, el derecho a decidir por si mismo, la dignidad del error propio, tendrán siempre mayor valor que el hecho de recibir esa dádiva que nada nos ha costado, y que nos degrada como sociedad porque nos hace poseedores de aquello por lo que no nos hemos esforzado.

Es tiempo de moralizar el sistema. Los municipios no pueden caer en la trampa de replicar el humillante mecanismo, negociando puntos porcentuales con burócratas que poco saben de generar riqueza y que se especializan en repartir lo que otros, que no se sientan a la mesa, producen.

Recuperemos algo de nuestra dignidad. Recaudemos en cada municipio, en cada provincia, y como sucede en países realmente federales, no solo en sus recitados discursos sino en sus efectivas decisiones, enviemos los recursos que sean necesarios para que un Estado Nacional, moderado en su tamaño, pueda ocuparse de aquellas responsabilidades que hemos decidido delegar en él.

Es triste ver el desfile de gobernadores e intendentes, arrodillándose. La responsabilidad fiscal de la que tanto se ha hablado debería ponernos en el debate correcto de analizar cuanto debe gastar un municipio y cuanto recaudar localmente para sostener su funcionamiento. Es para ello preciso soñar con recuperar ese terreno que cedimos los municipios y las provincias a la Nación. El desafío es recuperar esos recursos que le pertenecen originariamente a cada ciudadano y que autoritariamente les ha esquilmado ese voraz elefante estatal que siempre encuentra justificación para gastar más a expensas de los pocos que generan riqueza, logrando más empobrecimiento que crecimiento.

Sin dudas, nos falta mucho para llegar hasta ahí. Algunos imprudentes le han dado rango constitucional a esta perversa figura que legaliza la mendicidad. De esta manera han conformado una intrincada maraña legal difícil de desenredar. Ahora se discute en nuestra provincia en la misma línea. Muchos parecen estar cayendo en el juego de validar el sistema desperdiciando otra vez la oportunidad de recorrer el camino inverso que nos acerque a la dignidad y ponga límite al concentrado poder tan propio de estos tiempos.

Alberto Medina Méndez
amedinamendez@gmail.com
03783-15602694
Corrientes – Corrientes - Argentina

Escriba su comentario







Volver

programa_de_radio

bannerblog

Union Editorial

banners-facebook2